La Guardia Civil desmantela una organización criminal que obtuvo más de un millón de euros en créditos fraudulentos
Han sido detenidas 13 personas por la comisión de más de 600 hechos delictivos
Realizaban suplantaciones de identidad de ciudadanos falsificando documentos personales y empleando más de 700 líneas telefónicas para cometer las estafas en la obtención de los créditos
Los autores empleaban fotos del DNI y falseaban nóminas para obtener créditos personales con los que adquirían bienes que luego revendían
Hay al menos 200 personas afectadas en toda la geografía española
La Guardia Civil, en el marco de la operación Ponos, ha detenido a 13 personas por la comisión de un total de 629 hechos delictivos al menos a 209 víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
El modus operandi
Agentes del Equipo @ de la Guardia Civil descubrieron que había un gran volumen de denuncias por estafa en las que los autores estaban utilizando idéntico modus operandi. Los criminales, tras obtener una fotografía del DNI de sus víctimas, les suplantaban la identidad y adquirían productos a través de internet financiándolos a nombre de ellas. Posteriormente, cuando recibían los bienes, los revendían a través de aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano.
Ante la similitud de los hechos delictivos, se creó la operación Ponos y se pusieron en práctica las diligencias de investigación para lograr averiguar la operativa de los autores y esclarecer completamente su identidad para presentarlos ante la justicia.
Se pudo comprobar que los autores falsificaban nóminas y otros documentos que también se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Con ello, lograron crear un entramado criminal que afectó al menos a 209 víctimas a las que creaban deudas con diversas entidades de crédito y proveedores de telefonía y de las que los autores llegaron a obtener más de un millón de euros.
Colaboración con la Tesorería de la Seguridad Social
La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportadas por los agentes. Gracias a este primer estudio, esta administración usó los mismos parámetros y logró identificar un número superior de afectados de los que existían en un principio, esclareciendo que el número total de víctimas ascendía a 209.
Los afectados residían en todo el territorio nacional: Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Iles Balears, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coruña, Cantabria y Albacete.
Igualmente se diseñó un dispositivo conjunto que permitió esclarecer la identidad de los componentes del grupo criminal y su operativa. Así se pudo verificar que el grupo tenía células operativas regionales en otros lugares de España: Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.
Explotación de la operación
Para la explotación de la operación se realizaron un total de siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta o Valencia ciudad.
Casi un centenar de agentes de la Guardia Civil fueron movilizados para efectuar estos registros. En ellos se pudo aprehender diversa documentación que acreditaba la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que adquirían con los créditos que pedían a nombre de las víctimas y que todavía no habían vendido. Durante los registros también se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión.
Gracias a esos registros, también se pudo averiguar que los máximos responsables de las distintas células regionales tenían cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las Comunidades Autónomas para tratar de dificultar la labor policial. Los componentes de la organización cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y emplearon más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y cometer los delitos.
Detención de los responsables
Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro de ellos, que además falsificaba también recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción médica, trató de huir, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Fue detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.
En total han sido detenidas a 13 personas, de entre 19 y 59 años, por la comisión de 629 hechos delictivos, entre los que figuran: estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.
