La Guardia Civil libera en Madrid a cinco mujeres víctimas de explotación sexual

Los proxenetas operaban a nivel internacional, captando y explotando sexualmente a mujeres extranjeras

Las víctimas, que vivían en condiciones infrahumanas, eran mujeres vulnerables por la situación en sus países de origen donde las captaban

Hay tres detenidos y la Guardia Civil ha identificado a 28 posibles víctimas de diferentes nacionalidades








La Guardia Civil en el marco de la operación “Risaraldo”, ha liberado a cinco mujeres víctimas de trata, con fines de explotación sexual, en Madrid. 

 
En la operación han sido detenidas tres personas pertenecientes a una organización criminal que operaba a nivel internacional, dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres.
 
Igualmente, de la documentación intervenida, los agentes han identificado a 28 posibles víctimas de diferentes nacionalidades. 
 
En los tres registros llevados a cabo en los distritos madrileños de Vallecas y Barajas, la Guardia Civil ha intervenido libros de registros, dispositivos de almacenamiento digital de datos, teléfonos móviles, equipos informáticos, y los datáfonos utilizados para el cobro por los servicios sexuales, así como dinero en efectivo y numerosos envoltorios con cocaína -300 dosis-.
 
La investigación se inició el pasado año cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una situación de trata con fines de explotación sexual sobre una joven de 18 años, procedente de un país latinoamericano. La víctima pidió ayuda a una ONG especializada en el apoyo a víctimas de trata y explotación sexual. 
 
Esta entidad trasladó a la Guardia Civil la información relacionada con la situación personal de la mujer, quien mostraba una actitud temerosa, y solicitaba ayuda, dada su situación de vulnerabilidad por hallarse en situación irregular en territorio nacional.
 
La mujer se encontraba bajo refugio y protección en una localidad de Cáceres, después de haber conseguido huir de Madrid, donde estaba siendo obligada a ejercer la prostitución. La víctima pretendía pagar así la deuda contraída con las personas que habían pagado su billete de avión desde su país de origen a España.
 
Mediante la monitorización y análisis de más de 650 anuncios en una conocida página web de citas, los agentes pudieron acreditar la existencia de esta organización perfectamente estructurada. La organización contaba con captadores, transportistas, acogedores, explotadores sexuales y blanqueadores del dinero obtenido con dicha actividad criminal.
 

Establecimiento de hostelería como medio para blanquear los ingresos

 
Para evadir y evitar el seguimiento policial sobre las ganancias obtenidas, usaban un negocio de hostelería en una localidad de Madrid, el cual utilizaban para blanquear el dinero obtenido de forma ilícita. Los detenidos distribuían entre los pisos datáfonos pertenecientes a este negocio hostelero para que los clientes pagaran a través de ellos la contraprestación a los servicios sexuales. 
 
De esta manera, el dinero obtenido a través de la actividad delictiva se introducía en el sistema económico y financiero legal y realizaban movimientos internacionales de capitales a países como Venezuela, Colombia y Argentina.
 

Condiciones infrahumanas de las víctimas

 
Una vez ubicadas en los pisos donde las explotaban sexualmente, la organización ejercía sobre ellas un control total a través de videocámaras de grabación y micrófonos. Asimismo, eran sometidas a ejercer dicho trabajo durante las 24 horas del día y bajo el temor de sufrir daños ellas o sus familiares si no accedían a ello.
 
A través del apoyo y colaboración con diferentes ONG especializadas, se ha ofrecido a las víctimas recursos asistenciales para poder rehacer su vida fuera de esta organización criminal.
 
La Guardia Civil continúa con el análisis de toda la información obtenida y no descarta más detenciones.
 
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Delitos contra las Personas-Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, en colaboración con la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO).
 
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Plaza Castilla (Madrid).
 

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