La Guardia Civil lleva a cabo una operación contra el supuesto uso ilegal de agua para el cultivo de subtropicales en la Comarca de la Axarquía
En la operación, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), se han detenido a 26 personas, actuando contra otras 44 en calidad de investigados
Durante la investigación se han detectado más de 250 aprovechamientos ilegales entre pozos, sondeos, balsas, etc
La estimación de los daños al dominio público hidráulico podrían superar los 10 millones de euros
La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “Chaak”, ha procedido a la detención de 26 personas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de usurpación de aguas públicas, por el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales, todo ello con grave riesgo de daño medioambiental.
La investigación se inició hace cuatro años cuando se recibió una denuncia ante el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga por el uso fraudulento del agua para el riego en la Comarca de la Axarquía por parte de agricultores de cultivos subtropicales que podrían estar provocando un daño importante de las reservas hidráulicas.
Posteriormente a esta denuncia se sumaron otras durante los últimos años, entre ellas, la realizada de manera colectiva por parte de varios agricultores de la zona que denunciaron a la Junta de Gobierno de varias Comunidades de Regantes por el mal uso del agua ya que se estaba permitiendo el riego fuera del rango de cota 140, estando completamente prohibido, con el consiguiente perjuicio económico para los agricultores que ajustaban sus riegos a lo legalmente establecido.
Los investigadores inspeccionaron un total de 3.453.008 m² de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, etc.
Según informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con la investigación, más de 250 de los 299 aprovechamientos inspeccionados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona.
A tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 m³ aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros aproximadamente.
La Junta de Andalucía informó que estas detracciones ilegales de agua se habían producido encontrándose la masa de agua sobreexplotada, e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administración medioambiental autonómica en situación de sequía prolongada y de situación de excepcional sequía, y como consecuencia de ello se había establecido un período de restricciones de agua regulada.
Respecto a las irregularidades denunciadas contra las comunidades de regantes, los investigadores estiman que un total de 2.220.555 m² del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalmente con agua procedente de las Comunidades de Regantes, que estaba siendo derivada con el conocimiento de las propias Comunidades de Regantes y de sus responsables, los cuales podrían incumplir su específica obligación legal de actuar.
La cantidad de agua derivada ilegalmente por estas comunidades de regantes se estima que asciende aproximadamente a 2.481.712 m³ y económicamente podría suponer unos 3.000.000 € de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años. Además de los detenidos y los investigados hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo.
La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), bajo la dirección y coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vélez Málaga.
